INFORME SOBRE
PRESENTADO POR EL GIN
ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DE
(Junio del 2005)
(Síntesis)
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos
del Niño (GIN) es un organismo de coordinación constituido en el Perú en el año
1992. Actualmente está conformado por 35 instituciones que trabajan en todo el
país.
El
presente informe tiene por objeto hacer un balance del cumplimiento de las
recomendaciones formuladas al Estado peruano en el año 2000 por el Comité de
Derechos del Niño de
Para la elaboración de este Informe se han llevado a cabo
foros de consulta descentralizados en los que han participado 260 instituciones
que trabajan por la infancia y la adolescencia en 5 departamentos de la costa,
sierra y selva del país. En el departamento de Cusco, el foro se realizó con
Asimismo contribuyeron de manera decidida los propios
niños, niñas y adolescentes organizados en diversas asociaciones comunitarias,
municipios escolares y movimientos de niños trabajadores. Más de 400 niños,
niñas y adolescentes participaron con sus opiniones y propuestas en foros de
consulta organizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Piura, Loreto y
Lima, en coordinación con las instituciones antes mencionadas de cada región.
En
el año 2000, luego de una década del régimen de Alberto Fujimori, el Perú se
hallaba en una situación crítica caracterizada por la expansión de la pobreza,
la corrupción institucionalizada, la fractura del estado de derecho y la crisis
del sistema político e institucional. Se calculan en 2,000 millones de dólares
los recursos apropiados ilícitamente durante ese gobierno, básicamente provenientes de la privatización
de las empresas estatales. Con esos recursos se habría podido superar flagelos
como la desnutrición infantil.
El gobierno provisional del Presidente Valentín
Paniagua abrió espacios de concertación en la lucha contra la pobreza, efectuó
elecciones libres y limpias e instaló
El gobierno del Presidente Alejandro Toledo, en el
poder desde julio del
Un modelo económico excluyente afecta la democracia
y la gobernabilidad. La pobreza afecta al 54.3% de la población y la pobreza
extrema al 23.9%. El 44% de
La población del Perú es de 27’148,101
habitantes y crece a un promedio anual de 1.7%. El 72% habita en zonas urbanas,
el 28% en el sector rural. El total de niños, niñas y adolescentes es de 11’752,636. La población
menor de 4 años de edad es de 3’031,100; los niños entre 5 y 9 años son
3’035,366; la población entre 10 y 14 años es de 2’945,090. Los adolescentes
entre 15 y 19 años son 2’741,079
millones.
Una comisión consultiva
multisectorial presentó en el año 2003 ante el Ministerio de
Las
principales normas como
POLÍTICAS
SOCIALES ORIENTADAS A
En el 2002 se promulgó el
Plan Nacional de Acción por
Se estima necesario un
presupuesto de aproximadamente 4 mil millones de dólares para lograr el
cumplimiento del Plan en los próximos 6 años. Sin embargo, el Plan carece de
asignación presupuestaria para cumplir la mayoría de sus metas y no se sustenta
en metas transversales a los diferentes sectores del área social del estado y
de los gobiernos locales y regionales.
No existe un sistema que
articule a los sectores público y
privado implicados en las políticas de niñez y adolescencia.
En junio del 2004 el gobierno presentó ante el
Congreso el tercer informe anual de avance en el cumplimiento del Plan. Los
indicadores muestran pocos avances; más bien un estancamiento de la situación
general de la infancia y el incremento de situaciones de riesgo (niños en las
calles, trabajo infantil, mendicidad, explotación sexual infantil y violencia
contra los niños).
El Presidente del Consejo de Ministros reconoció
que lo hecho “es poco y es
insuficiente”, y reconoció “que 2 millones de niños trabajan, de los
cuales 300,000 fluctúan entre los 6 y 12
años”. Reivindicó avances en la
cobertura de educación básica y el incremento de la inversión en salud para la
niñez. Según
La
titular del Ministerio de
En marzo del 2005 el Congreso dio rango de ley al Plan
Nacional de Acción por
II. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL
ESTADO PERUANO POR PARTE DEL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS
EN EL AÑO 2000
Recomendaciones relativas al contexto
1. El Comité señaló que la pobreza y las disparidades
socioeconómicas duraderas afectan especialmente a los niños y obstaculizan el
goce de sus derechos.
La pobreza afecta a más de la mitad de la población
peruana y la pobreza extrema a casi la cuarta parte. En las áreas rurales de
sierra y selva la pobreza abarca al 86.9% y
71.9% de la población, respectivamente. Unos 6’800,000
niños, niñas y adolescentes están bajo la línea de pobreza; más de 2’100,000 en
extrema pobreza, realidad que se expresa en las tasas de mortalidad infantil,
desnutrición crónica, anemia y carencia de micronutrientes, así como en la
explotación sexual, el maltrato y abuso sexual intrafamiliar, la expulsión de
niños a las calles, el trabajo infantil a edades cada vez más tempranas, la
deserción escolar.
Se ha aprobado el Plan Nacional para
2. El Comité observó que las consecuencias de la
violencia política y el terrorismo mantenían un impacto negativo en la vida,
supervivencia y desarrollo de los niños.
El
informe de
1. El Comité recomendó medidas sustitutivas desde
una perspectiva socio recuperativa respecto al Decreto 895 (terrorismo
agravado), que rebaja de
Si bien el Decreto Ley 895 fue derogado en el año
2000, la comisión del actual Congreso
encargada de la revisión del Código Penal ha propuesto rebajar la edad mínima
para la responsabilidad penal de
2. El Comité recomendó fortalecer y descentralizar
el Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral a
El MIMDES no
ha contribuido a hacer del Ente Rector el eje del sistema de atención integral
a la niñez. La oficina encargada de la asesoría técnica y normativa de este organismo ha sido
permanentemente debilitada y desprovista de recursos financieros y humanos. La
descentralización del sistema es incipiente y tiene posibilidades de desarrollo
en el marco general del proceso de descentralización del país.
La
postergación del Ente Rector es un proceso que dura más de una década. Creado
en 1995 con rango ministerial, a fines de 1996 fue despojado de sus
atribuciones con la creación del MIMDES, donde se creó una dirección general de
Niños, Niñas y Adolescentes como instancia técnico normativa de tercer nivel en
la jerarquía ministerial, la cual ha pasado al cuarto nivel jerárquico con la
última reforma del MIMDES. En reemplazo del Sistema Nacional de Atención Integral de
A dicha instancia no ha sido
convocada ninguna institución de la sociedad civil.
3. El Comité recomendó fortalecer los centros de
defensa de los niños y adolescentes denominados Defensorías del Niño y el
Adolescente.
Las Defensorías del Niño y el Adolescente son los
servicios con mayor extensión en el territorio nacional. Son programas de justicia alternativa que
promueven los derechos de la niñez a través de conciliaciones y acuerdos de
partes. Se calcula
que atienden más de 100 mil casos anuales sobre pensión alimenticia, colocación familiar, régimen de visitas, inscripción
extemporánea de nacimiento, matrícula escolar, rectificación de partida de
nacimiento y detenciones arbitrarias.
A
pesar de eso, el cambio de la mayoría de autoridades locales como resultado de
las elecciones municipales del 2001, perjudicó a las Defensorías de este sector
tanto en la asignación de recursos como en la continuidad del personal
calificado. Igualmente preocupa la continuidad de los servicios de las Defensorías Escolares, al no haber sido
consideradas como parte de los servicios de
4. El Comité recomendó tomar medidas para reducir
las diferencias económicas y sociales que afectan a la niñez y la adolescencia.
Los indicadores sobre la pobreza evidencian que la
situación sigue siendo sustancialmente la misma que en el año 2000. Lo mismo
vale respecto a los indicadores sobre la situación de la niñez y la
adolescencia. Las diferencias socioeconómicas, la exclusión y la marginación
mantienen los niveles de la década pasada.
5. El Comité recomendó garantizar el principio del
interés superior del niño en las políticas y programas
No hay una
adecuada interiorización de este principio en la sociedad y el Estado.
Subsisten problemas para su aplicación en la administración de justicia, como
el concepto de que el adolescente infractor es un “adulto delincuente pequeño”,
y la falta de juzgados y fiscalías especializados en el interior del país.
6. El Comité recomendó proteger a los niños de los
efectos de la violencia, el maltrato, el abuso sexual y la explotación,
incluyendo su rehabili-tación en todos los ámbitos.
Niños, niñas y adolescentes
maltratados
En los
últimos años se ha incrementado el número de denuncias por maltrato físico,
psicológico y abuso sexual. Se calcula que el 50% de los niños y niñas reciben
golpizas diarias por parte de sus padres. Hay maltrato en las escuelas. Si bien
los servicios de defensa se han expandido, presentan limitaciones por sus
escasos recursos profesionales y económicos y ponen énfasis en el aspecto legal
primario. Las funciones preventivo-promocionales y la asistencia recuperativa
psicosocial son muy reducidas.
Están vigentes
Explotación Económica:
Trabajo infantil y adolescente
En el Perú trabajan no menos de 1’987,165 niños y
adolescentes menores de 18 años (28.6% del grupo etáreo); 61.4% son niños y
niñas entre 6 y 13 años, 38.6% tienen entre 14 y 17 años. Del total, 70% de los
niños trabajadores está en el área rural y el 30% en zonas urbanas. Según un
estudio de
Cientos de niños y
adolescentes trabajan en los mercados de abasto como estibadores que cargan
pesos desproporcionados a su capacidad física. Otros trabajan en la extracción
artesanal de piedra para construcción (por ejemplo en Carabayllo). Más de mil
trabajan en Huachipa haciendo ladrillos. Miles de niños recolectan materiales
en los basurales.
Pese a ser patente la
vulneración de los derechos y las normas de protección de los niños y
adolescentes que trabajan, no se tiene conocimiento de sanciones aplicada por
el Ministerio de Trabajo a empresa o persona alguna por incumplimiento de tales
normas. A pesar de que el Código de los Niños y Adolescentes establece la
obligación de hacer “una relación de trabajos y actividades peligrosas o
nocivas (...) en las que no podrá ocuparse a adolescentes”, hasta la fecha no
se ha aprobado ni publicado ninguna, aun cuando son públicamente conocidas
actividades como las citadas en el párrafo anterior.
7. El Comité recomendó garantizar la inscripción de
los nacimientos de todos los niños y niñas.
Se calcula
que el 15% de niños y niñas no están inscritos en los registros civiles y es
oneroso el costo de la inscripción extemporánea. Para lograr la inscripción de
los niños y niñas indocumentados se vienen desarrollando campañas de
información a cargo del MIMDES,
Por otro
lado, pese a ser norma constitucional “no mencionar la naturaleza de la
filiación” de niños y adolescentes, ésta es violada por una norma
administrativa del Registro Nacional de Identidad (RENIEC), según la cual,
tratándose de hijos extramatrimoniales, no se registrarán los apellidos
paternos en la partida de nacimiento si sólo existe declaración de la madre; en
consecuencia, el niño será identificado con los apellidos maternos.
8. El Comité recomendó promover la participación de
los niños, la expresión de sus opiniones y su derecho de asociación.
Existe actualmente un
programa en las escuelas denominado Municipios Escolares cuyo objetivo es
promover la participación. Fuera de eso, las instancias de decisión política se limitan a
escuchar de manera formal a los niños, niñas y adolescentes pero pocas veces
toman en cuenta sus opiniones y propuestas en los planes a nivel local,
regional o nacional. Existen diversos esfuerzos desde los organismos no
gubernamentales e instancias mixtas como
9. El Comité recomendó desarrollar medidas
sustitutivas a la tutela institucional de niños y niñas promoviendo su derecho
a una familia.
En el período 1993-2002 fueron adoptados 2,272
niños y niñas. Pese a ello consideramos que aún hay debilidades en la
implementación de un programa que ofrezca una solución al problema del niño
huérfano o declarado judicialmente en
abandono. Los albergues que deben
cobijar a niños, niñas y adolescentes en estado de abandono y desprotección se
encuentran en condiciones deficientes. Muchos ya han cubierto su capacidad, lo
que determina que muchos niños, niñas y adolescentes en estado de abandono
deambulen por las calles sometidos a una permanente violación de sus derechos.
Casi no existen albergues especializados en niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
10. El Comité recomendó garantizar el acceso a los servicios
básicos de salud a todos los niños y niñas.
Prevalece
un alto porcentaje de niños con desnutrición crónica. Especialmente grave es la
desnutrición de los niños menores
de 5 años, con énfasis en los primeros dos años de vida. La
desnutrición crónica es un problema de alta prevalencia. El 25% de los niños menores de 5 años presenta
déficit de talla para su edad. Según
un censo realizado en 1993 por el Ministerio de Educación, el 48% de los niños
matriculados en primer grado estaban afectados por desnutrición crónica. El
departamento más afectado es Huancavelica con 72%.
La anemia es el problema de salud nutricional de
mayor prevalencia en el Perú. Afecta al 64.5%
de los niños de
El VIH/SIDA afecta cada vez más a niños, niñas y
adolescentes que se contagian por transmisión
vertical a través de sus madres. En el año 2003 el Ministerio de Salud tenía
registradas a 1,974 gestantes como seropositivas, lo que se considera muy
inferior a la cifra real. Apenas el 8% de las gestantes seropositivas
recibieron terapia antirretroviral. Se estima que en el año 2001 los niños
huérfanos por VIH/SIDA eran 17 mil. Muchos de estos niños son discriminados en
su comunidad o escuela.
11. El Comité recomendó fortalecer las políticas
educativas a fin de mejorar el sistema ofertado
y los programas que desarrolla.
Diferentes evaluaciones coinciden en señalar una
grave crisis de la calidad educativa. En año 2001
Sólo el 3% de los infantes entre 0 y 2
años recibe atención educativa temprana, proporción que se eleva al 57% entre
los 3 y 5 años de edad. Al menos 224,836 niños en edad
escolar no van a la escuela primaria. En Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco,
Junín, Piura, Pasco, Cusco y Apurímac la inasistencia fluctúa entre 27% y 31%.
Más de 120 mil
estudiantes del nivel secundario abandonaron los estudios. Según cifras oficiales, el fracaso escolar en las áreas
rurales es de 23%.
En el ámbito de
Un problema que demanda urgente atención es el de
la educación de la niña rural. En
1997 se calculaba que 201,462 niñas y adolescentes de zonas rurales no
asistieron a la escuela. Se calcula que 5 de cada 100 niñas en pobreza no
asisten a la escuela, cifra que se duplica en el caso de la pobreza extrema.
12. El Comité recomendó una reforma legislativa que
permita elevar la edad mínima que autoriza el trabajo a los 14 años y
considerar la ratifica-ción de los convenios de
Los Convenios 138 y 182 de
13. El Comité recomendó que la medida de privación
de la libertad se utilice como último recurso ante infracciones cometidas por
adolescentes; y mejorar las condiciones
de vida de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en centros de
detención.
Según
III.
RECOMENDACIONES FORMULADAS
POR
EL GIN
1. MEJORAR
La política económica debe
orientarse no sólo a mantener el equilibrio macroeconómico, sino principalmente
a mejorar la calidad de vida de la población en general, y en especial de los
niños, niñas y adolescentes. Promover el empleo y el ingreso adulto,
condiciones adecuadas de la vivienda, así como la ampliación de los servicios
básicos, permitirían un entorno familiar más favorable para el desarrollo de
los niños. En especial debería incrementarse significativamente la inversión
para la atención en salud, nutrición y
educación de calidad, con énfasis en los menores de 5 años y en las niñas y
niños de las zonas rurales de la costa, sierra y selva.
2. PERFECCIONAMIENTO Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Asegurar la vigencia de
Garantizar la aplicación
irrestricta de los derechos y las medidas de protección para los niños y
adolescentes expuestos a situaciones de riesgo.
3. CUMPLIMIENTO Y DESCENTRALIZACIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE ACCIÓN POR
Garantizar el
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Acción por
4. INSTITUCIONALIDAD CON
PARTICIPACIÓN DE
Institucionalizar espacios de
concertación entre el Estado y la sociedad para el diseño y aplicación de
políticas de infancia. Acceso a información para el monitoreo y evaluación.
Retomar la propuesta de un Directorio del Ente Rector de Atención Integral de
5. PROMOVER LOS DERECHOS
CIVILES DE LOS NIÑOS
Promover la participación y
la opinión de los niños, niñas y adolescentes, desde sus propias culturas y experiencias
organizativas, en su comunidad y la escuela. Tomar en cuenta la opinión de los
niños en todas las decisiones que les afectan. Promover una cultura de buen
trato para la erradicación del maltrato infantil. Expandir y mejorar los
Sistemas de Protección, como las Fiscalías y Juzgados de Familia y las
Defensorías del Niño y el Adolescente, asignando mayores recursos y promoviendo
la calificación del personal y su continuidad.
Derogatoria, por inconstitucionales, de los
artículos 392º del Código Civil y 37 de
Fortalecer y
expandir el Servicio Integral de Salud para la población en situación de
pobreza y extrema pobreza, con énfasis en la atención a todos los niños, niñas
y adolescentes. Promover el cuidado de la
salud mental de los niños, niñas y adolescentes en la familia, la escuela y la
comunidad. Implementar el Plan Nacional de Salud Mental atendiendo la demanda
actual de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia intrafamiliar y
social.
Fortalecer y expandir los Módulos de Atención al Maltrato Infantil en
el sector salud (MAMIs) y los programas psicosociales en las Defensorías del
Niño y el Adolescente y en el Sistema Judicial de Familia.
7. EDUCACION DE CALIDAD RESPETUOSA DE
Ampliar la
cobertura, especialmente en los niveles inicial y secundario, y en áreas
rurales. Mejorar la calidad educativa adecuándola a la diversidad geográ-fica y
cultural, e incrementar hasta el 6% del PBI el monto destinado al sector
Educación, según lo estable-cido por el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad.
Promover el
ingreso de niños y niñas a la escuela según la edad normativa. Ampliar las
horas de estudio anual a por lo menos 1,200 horas. Asegurar que los estudiantes
concluyan como mínimo 11 años de estudio.
Desarrollar una
política educativa acorde a la diversidad etnolingüística, la interculturalidad
y la expansión de las capacidades y competencias presentes en la cultura local
para el manejo sostenible de los ecosistemas y la amplia biodiversidad de
nuestro país.
Ampliar las oportunidades
para que los adolescentes accedan a centros de estudios superiores o de
formación intermedia que les permitan mayores posibilidades de acceso al
mercado de trabajo. Mejorar las condiciones laborales y salariales de los
docentes.
8. MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN
ANTE SITUACIONES DE RIESGO
Aprobar y
aplicar el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y
Desarrollar
políticas de prevención y protección a los niños de la calle, promoviendo su
reinserción social, escolar y familiar. Ampliar los servicios especializados de
atención al maltrato infantil y el abuso sexual. Mejorar la calidad de los
servicios de
Perú, 1º de junio de 2005
Grupo de Iniciativa Nacional por
los Derechos del Niño
(GIN – PERU)