INFORME SOBRE
DERECHOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN EL PERU (2005)
Presentado por el GIN
ante el Comité de Derechos del Niño de
Junio 2005
Introducción
El Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del
Niño (GIN) es un organismo de coordinación constituido en el Perú en el año
1992. Actualmente está conformado por 35 instituciones que trabajan en los
departamentos de Ancash, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín,
En 1999, el GIN presentó ante el
Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, su II
Informe Alternativo de Seguimiento a
El presente Informe tiene por
objetivo monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del Comité, para lo
cual efectúa un balance del período 2000 -2004 en relación con los avances y
dificultades en la realización de los derechos de la niñez por parte del Estado
peruano.
Para la elaboración de
este Informe se han llevado a cabo foros de consulta descentralizados en los
que han participado 260 instituciones que trabajan por la infancia y la
adolescencia en 5 departamentos de la costa, sierra y selva del país. En el
departamento de Cusco, el foro se realizó con
Asimismo contribuyeron
de manera decidida a la redacción del Informe los propios niños, niñas y
adolescentes organizados en diversas asociaciones comunitarias, municipios
escolares y movimientos de niños trabajadores. Más de 400 niños, niñas y
adolescentes participaron con sus opiniones y propuestas en foros de consulta
organizados en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Piura, Loreto y Lima, en
coordinación con las instituciones antes mencionadas de cada región.
En el año 2000, luego de una década de
gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el Perú se hallaba en una situación
crítica, caracterizada por la expansión de la pobreza, la corrupción
institucionalizada, la fractura del Estado de derecho, la inestabilidad
jurídica y la crisis consecuente del sistema político e institucional.
El uso indebido de los recursos del Estado afectó
especialmente a las poblaciones en condición de pobreza, en particular a los
niños, niñas y adolescentes. La precarización del empleo y los ingresos
debilitó las condiciones de vida de las familias peruanas y su acceso a
servicios básicos de calidad en educación, salud, vivienda, y seguridad
ciudadana. Según la procuraduría anticorrupción, los recursos apropiados
ilícitamente en perjuicio del erario durante la década del 90 se calculan en
2,000 millones de dólares, provenientes principalmente de los fondos generados
por la privatización de las empresas del Estado. Tal monto equivale al sostenimiento
de programas de apoyo alimentario por un período de 25 años. Con un uso
adecuado de esos recursos habría sido posible la superación de graves flagelos,
como la desnutrición infantil.
A fines del año 2000 se inició la recuperación de la
democracia representativa con la instalación del Gobierno Provisional del
Presidente Valentín Paniagua. Su gobierno –en los ocho meses que duró su
gestión– se dedicó a recomponer y administrar las funciones básicas del Estado,
a abrir espacios de concertación social en la lucha contra la pobreza,
establecer condiciones fundamentales para un proceso electoral libre y
transparente en el año 2001. Asimismo creó e instaló
El gobierno del Presidente Alejandro Toledo,
instaurado en julio del 2001, se definió como un gobierno de “transición
democrática”. Una de sus primeras iniciativas fue dar impulso a una instancia
de concertación nacional: el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, con la
finalidad de definir las principales políticas de Estado para los próximos 20
años, con la participación del Estado, los partidos políticos con
representación parlamentaria y sectores representativos de la sociedad civil.
El proceso del Acuerdo Nacional se ha venido desarrollando lentamente, con
avances y retrocesos. Lamentablemente, muchas de sus políticas concertadas a
favor de la infancia y la adolescencia, no se aplican ni se conocen en las
diversas instancias del Estado.
Otro proceso importante para acercar el Estado a las
sociedades locales es el proceso de Descentralización, que ha recorrido varias
etapas: una etapa normativa, en la cual se aprobaron varias normas importantes,
como
El fortalecimiento de la democracia y la
gobernabilidad enfrenta un gran desafío por la precariedad de las libertades
democráticas en el contexto de un modelo económico que mantiene situaciones
extendidas de pobreza y exclusión debido a la inadecuada distribución del
ingreso nacional. Por otro lado, el Perú arrastra una elevada deuda externa
cuya amortización distrae recursos importantes para la inversión social. Los
niveles de pobreza alcanzan el 54.3% de pobreza genérica y el 23.9% de pobreza
extrema. El desempleo afecta al 10% de
El Presupuesto General de
La precariedad económica, la insatisfacción de
necesidades básicas y la percepción de un futuro incierto, hacen que un 75% de
peruanos y peruanas encuestados en el año 2005, especialmente jóvenes, señalen
su interés de emigrar del país. Hoy en día, cientos de miles de peruanos
residentes en el extranjero remesan al Perú 1,500 millones de dólares al año,
constituyendo casi la primera fuente de divisas.
El Perú tiene una población total de 27’148,101 habitantes, que crece a un promedio anual de
1.7% (población masculina: 13’653,636; población femenina: 13’494,465). El 72% de la
población habita en áreas urbanas, el 28% en áreas rurales.
El total de la población de niños, niñas y
adolescentes es de 11’752,636 (5’972,733
varones y 5’779,902 mujeres).
La
población infantil de
En nuestra opinión,
subsiste una insuficiente e insatisfactoria concordancia entre las normas
internas y el Código de los Niños y Adolescentes en perjuicio de la protección
integral y el interés superior del niño. El Código señala que, para su
interpretación y aplicación, se tendrán en cuenta los principios y las
disposiciones de
En cuanto a los
derechos civiles, se observa la necesidad de modificar artículos del Código
Civil que obstaculizan el derecho al nombre y la identidad de los niños y
niñas. Asimismo nos preocupa que se mantengan visiones y medidas
discriminatorias para los denominados “hijos extramatrimoniales”.
Igualmente, el
Anteproyecto de
Respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, subsisten serios obstáculos para avanzar hacia su necesaria
universalización, especialmente por la falta de mayor inversión pública y
deficiencias en la gestión del gasto público dirigido a los beneficiarios en
situación de extrema pobreza. Es por ello que aún se mantienen altas tasas de
mortalidad materna e infantil en las zonas rurales de la costa, sierra y selva,
evidenciándose una marcada prevalencia de desnutrición crónica, una baja
cobertura en estimulación y desarrollo de la primera infancia y en la educación
inicial, una deficiente calidad educativa que no asegura aprendizajes para la
vida y el desarrollo de los niños y niñas y que no responde a la diversidad
cultural y bilingüe de un sector importante de la población infantil.
En la aplicación del
Código de los Niños y Adolescentes se han desarrollado avances importantes a
través de la intervención de las fiscalías y juzgados de familia, las
defensorías del niño y el adolescente, la policía especializada, los
ministerios correspondientes y los municipios. Asimismo, la cooperación
internacional, los organismos no gubernamentales y las organizaciones sociales
(comedores populares, comités de vaso de leche y clubes de madres) han tenido
un aporte significativo en la atención, prevención y promoción de los derechos
del niño.
POLÍTICAS
SOCIALES ORIENTADAS A
En el 2002 se
promulgó el Plan Nacional de Acción por
El 22 de julio del
2002 representantes del Estado, el
empresariado, los partidos políticos, las iglesias y las organizaciones
sociales y no gubernamentales suscribieron el Acuerdo Nacional para
Igualmente, el 27 de
mayo del 2003, se impulsó el Diálogo por
Para el cumplimiento
del Plan se ha proyectado un presupuesto de más de 12 mil millones de soles
(aproximadamente 4 mil millones de dólares) a fin de lograr su aplicación en el
transcurso de los próximos 6 años a
través de los programas regulares y especiales de los Ministerios de Educación,
de Salud, de
Una de las grandes
debilidades para la implementación del Plan por
En cuanto a la implementación del Plan Nacional por
Las exposiciones del Primer Ministro y de los
ministros de Educación, Salud, Trabajo y de
El Presidente del Consejo de Ministros reivindicó dos
avances significativos en cuanto a la alta cobertura en educación básica y al
incremento de la inversión interna del sector Salud, de 6% a 10%, orientado a
los programas de niñez.
Según
La tasa de mortalidad infantil no ha descendido en
los últimos años. Se mantiene un índice de 33 por mil nacidos vivos como
promedio nacional, pero se eleva significativamente en las regiones con mayores
índices de pobreza y menor acceso a los servicios de salud, aún cuando
Respecto al incremento del VIH/SIDA en adolescentes
se informó que con el Programa de Desarrollo de Salud Reproductiva se podrá dar
una mejor protección a los adolescentes. Frente a la violencia contra los
niños, se avanza en la atención especialmente en el trapecio andino.
La desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5
años no ha variado en los últimos 5 años y se mantiene en 25% desde
Según el Informe de
El Ministro de Educación informó que existe
un déficit en la cobertura de Educación Inicial que alcanza al 46% de los niños
de
El Ministro de Trabajo manifestó que el trabajo
infantil es una de las preocupaciones de la legislación laboral. Aún cuando el
país ha ratificado diversos convenios para la restricción del trabajo infantil,
señaló que en el Perú trabajan 2 millones de niños y adolescentes. De cada 10
menores de edad que trabajan, 6 son adolescentes y 4 son niños.
Los indicadores de las condiciones de vida de la
niñez muestran un estancamiento, muy pocos avances e inclusive un incremento de
situaciones de riesgo (niños en las calles, trabajo infantil, mendicidad,
explotación sexual infantil y violencia contra los niños).
El 17 de marzo
del 2005 se aprobó una norma en el Congreso de
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN EL AÑO 2000 AL ESTADO PERUANO POR PARTE DEL COMITÉ DE DERECHOS
DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS
El Comité de Derechos del Niño de
El Comité señaló que la pobreza extendida y las
disparidades económicas y sociales duraderas todavía estaban afectando a los
sectores más vulnerables, especialmente a los niños, y obstaculizando el goce
de los derechos del niño en el Estado parte.
En la última década la pobreza afectaba a más de la
mitad de la población peruana. En el año 2002, más de 14.5 millones de personas
se encontraban por debajo de la línea de pobreza crítica (54.3% del total de la
población), lo que les impide tener acceso a una canasta básica de alimentos y
de servicios básicos. Más de 6.3
millones de habitantes se encuentran en pobreza extrema (23.9% de la
población), imposibilitados de poder adquirir una cantidad mínima de alimentos
(ENAHO 2002, IV trimestre).
Las disparidades económicas y
sociales son profundas en el país: la población más pobre se ubica en las áreas
rurales de la sierra y la selva, constituyendo el 86.9% y el 71.9% respectivamente. En 18 de los 24
departamentos del país, la pobreza afecta a más del 50% de la población. (ENAHO
2002, IV trimestre).
La pobreza afecta principalmente a los niños,
niñas y adolescentes, limitando de manera crítica su desarrollo físico e
intelectual. Casi 6.8 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran por
debajo de la línea de pobreza y más de 2.1 millones viven en extrema pobreza.
La situación crítica de los niños y niñas que viven en condiciones de pobreza
se expresan en la alta mortalidad infantil, la grave situación de desnutrición
crónica de los niños menores de 5 años, los alarmantes niveles de anemia y de
carencia de micronutrientes, la exposición a la explotación económica y sexual,
el maltrato y abuso sexual intrafamiliar, la expulsión de los niños a las
calles, el incremento del trabajo infantil a edades cada vez más tempranas y en
actividades peligrosas, y el incremento de la deserción escolar.
El 8 de agosto del 2004 se aprueba el Plan Nacional
para
El Plan establece resultados y metas al año 2015, en
concordancia con los Objetivos del Milenio:
-
Reducir
en 50% la actual población en extrema pobreza.
-
Reducir
en 50% el número de personas que padecen hambre.
-
Reducir
la mortalidad de niños menores de 5 años en 60%.
-
Reducir
en 75% la mortalidad materna.
-
Lograr
que los niños y niñas terminen un ciclo completo de enseñanza primaria.
-
Eliminar
las desigualdades entre hombres y mujeres en la enseñanza primaria y
secundaria.
-
Detener
y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.
-
Detener
y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades
infecciosas.
-
Incorporar
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
-
Reducir
a la mitad la proporción de personas que carecen de acceso a agua potable.
Sin embargo, no se han previsto resultados y metas de
reducción de la pobreza para el mediano y corto plazo.
A nivel institucional, la creación de
El Comité observó que, aun cuando existía una
disminución de la violencia política y las actividades del terrorismo,
constataba con preocupación que las consecuencias de estas actividades todavía
seguían teniendo un impacto negativo en la vida, supervivencia y desarrollo de
los niños en el Estado parte.
En
el primer semestre del 2001, durante el gobierno provisional, se constituyó
El Informe de
Según el Informe, el 13% de las más de 3 mil
desapariciones forzadas de personas fueron cometidas contra menores de 18 años,
entre los cuales figuran 46 casos de niños menores de 4 años registrados como
desaparecidos en
La mayoría de los adolescentes detenidos por las
normas contra el terrorismo (que rebajaron la edad de imputabilidad penal a los
15 años) fue sometida a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Durante el período de violencia política que vivió el
país miles de adolescentes entre 15 y 17 años de los sectores más pobres fueron
enrolados ilegalmente por las fuerzas del orden. Se estima que 4 mil niños
formaban parte de los Comités de Autodefensa creados en las zonas rurales.
Igualmente los grupos terroristas reclutaron de manera forzosa a miles de
niños, niñas y adolescentes utilizándolos en acciones armadas.
Aproximadamente 600 mil personas sufrieron
desplazamiento forzoso de sus zonas de origen
por causa de la violencia política, en especial personas procedentes de
los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Huánuco y San
Martín.
Las Recomendaciones de
El 11 de
diciembre del 2004 se promulgó la ley que regula la ausencia por desaparición
forzada durante el período 1980-2000. El Registro Especial de Ausencia por
Desaparición Forzada estará a cargo de
El 6 de febrero del 2004, por Decreto Supremo
011-2004 de
El logro más significativo es la aprobación
del Decreto Supremo 062-2004-PCM, que oficializa el Plan Integral de
Reparaciones de
Recomendaciones Específicas del Comité de Derechos del Niño de
Naciones Unidas formuladas al Estado peruano en el año 2000.
El Comité recomendó: Establecer medidas legislativas
sustitutivas desde una perspectiva de carácter socio recuperativo y con menor
acento punitivo, respecto al Decreto 895 (ley contra el terrorismo agravado de
mayo de 1998) que rebaja la edad de responsabilidad penal de
El Decreto Ley 895 sobre terrorismo
agravado fue derogado en el año 2000 por presión de la sociedad civil, debido a
las nefastas consecuencias que similares normas de reducción de la edad de
responsabilidad penal en menores de 18 años produjeron durante el período de
violencia política que vivió el país en el período 1980-2000.
Sin embargo, el texto completo del Decreto
Ley 899 contra el pandillaje pernicioso fue incorporado en el nuevo Código de
los Niños y Adolescentes, promulgado el 7 de agosto del 2000, constituyendo el
Capítulo IV del Libro referido a
Una vulneración,
esta vez más amplia, de los derechos de los adolescentes se cumpliría de
aprobarse legislativamente la rebaja de la edad de responsabilidad penal de
El Comité recomendó: Fortalecer al Ente Rector del Sistema
Nacional de Atención Integral a
El Ente Rector del Sistema Nacional de Atención Integral a
El debilitamiento del Ente Rector se ha venido produciendo durante la
última década, contraviniendo la ley nacional que es reflejo de los preceptos
de
El Ente Rector del
Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente ha tenido serios
retrocesos en la última década en su nivel jerárquico y por tanto se ha
reducido su capacidad de incidencia en favor de la niñez a nivel del gobierno
central, así como sus recursos financieros y profesionales para el cumplimiento
de sus funciones. El proceso de descentralización del Ente Rector de Niñez ha
sido y es aún muy débil.
En 1995 se creó el
Ente Rector del Sistema Nacional con rango ministerial y se dispuso la
conformación de un Directorio con 11 representantes: 6 de los sectores
estatales y 5 de la sociedad civil. Esta instancia desaparece un año después
cuando, a fines de 1996, se transfirieron sólo las funciones del Ente Rector
del Niño y el Adolescente al nuevo Ministerio de Promoción de
En reemplazo del Sistema
Nacional de Atención Integral de
La constitución
descentralizada de entes rectores en diversas localidades del país no ha
logrado concretarse debido a la débil relación entre el gobierno central y los
gobiernos locales, y a la falta de mecanismos de sostenibilidad. Con
El Comité recomendó: Fortalecer los
centros de defensa de los niños y los adolescentes, denominados Defensorías del
Niño y el Adolescente, proporcionándoles recursos financieros y
humanos suficientes.
Con las últimas elecciones
municipales (noviembre del 2001) y el consiguiente cambio de la mayoría de
autoridades de los gobiernos locales, las Defensorías del Niño y el Adolescente
sufrieron retrocesos tanto en la asignación de recursos como en la continuidad
de personal calificado en la atención de este programa. Aun cuando las Defensorías
Municipales (servicios mayoritarios de atención y protección a la niñez en el
ámbito local) se encuentran reconocidas por
Igualmente hay motivo de
preocupación sobre la continuidad de los servicios de las Defensorías Escolares
del Niño y el Adolescente, constituidas por una directiva nacional del
Ministerio de Educación en los centros educativos públicos. Las Defensorías
Escolares no han sido consideradas como parte de los servicios de
El Código de los Niños y Adolescentes del año 1992
creó los servicios de Defensorías del Niño y el Adolescente en el ámbito de los
gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la
sociedad civil, las cuales se forman a partir de 1994. Su finalidad es promover y proteger los derechos que
la legislación reconoce a las niñas, niños y adolescentes.
Las
funciones de
Existen alrededor
de 1,300 defensorías de diversos tipos, entre las que destacan las defensorías
municipales de nivel distrital y provincial (DEMUNA), y también las de otros
sectores como las defensorías parroquiales, escolares, de organismos
gubernamentales, no gubernamentales y comunales.
Las Defensorías del Niño y el Adolescente son los
servicios con mayor extensión en el territorio nacional y con la mayor
facilidad de acceso para la población local. Son programas de justicia alternativa o
extrajudicial que promueven y defienden los derechos de los niños, niñas y
adolescentes a través de conciliaciones y acuerdos de partes. Se calcula que atienden 100 mil casos
anuales sobre pensión de alimentos, colocación familiar, régimen de
visitas, inscripción extemporánea de nacimiento, matrícula escolar,
rectificación de partida de nacimiento, detenciones arbitrarias.
El Comité recomendó: Incrementar las
medidas para reducir las diferencias económicas y sociales que afectan a la
niñez y a la adolescencia.
Tal como se ha
señalado, los niveles de pobreza y extrema pobreza subsistentes y los programas
dirigidos a los niños, niñas y adolescentes no han logrado superar las profundas
disparidades en el país, especialmente en las zonas rurales y urbano populares.
Para el 2002 el 54.3% del total de la población continuaba viviendo en
condiciones de pobreza crítica que impide acceder a una canasta básica de
alimentos y de servicios básicos; y el 23.9% de la población vive en
condiciones de pobreza extrema imposibilitados de acceder a una cantidad mínima
de alimentos. (ENAHO 2002, IV trimestre).
Las disparidades regionales son
profundas. Como ya se ha señalado, la población más pobre se ubica en las áreas
rurales de la sierra y la selva, elevándose a 86.9% y 71.9% respectivamente, afectando
principalmente a los niños, niñas y adolescentes. (ENAHO 2002, IV trimestre).
Algunos indicadores sobre la situación de la niñez en
el Perú muestran los efectos de las disparidades económicas y sociales
persistentes: la tasa de mortalidad infantil, como promedio nacional, es de 33
por mil nacidos vivos. Desciende en el área urbana a 24 por mil nacidos vivos y
se eleva en el área rural a 45 por mil nacidos vivos.
En desnutrición infantil crónica el promedio nacional
es de 25.4% en menores de 5 años, en el área urbana es de 37% y se eleva de
manera alarmante a un 70% de niños y niñas afectados por la desnutrición en el
área rural.
La cobertura educativa de programas de estimulación
temprana para niños menores de 5 años es apenas de 12.26% (promedio nacional);
en el área rural andina sólo alcanza al 1% de los niños y niñas.
El Comité recomendó: Garantizar el
principio del “interés superior del niño” en las políticas y los programas.
El principio del
interés superior del niño se encuentra estipulado en el Código de los Niños y
Adolescentes, artículo VIII: “En toda medida que adopte el Estado a través del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como la acción de
la sociedad, se considerará el interés superior del niño y adolescente y el
respeto a sus derechos”.
Aun cuando en
Este principio se
viene aplicando de manera gradual tanto en instancias judiciales como
administrativas y políticas, pero aún se observan grandes dificultades en su
aplicación como principio jurídico garantista que asegure el cumplimiento
integral de los derechos para todos los niños, como principio orientador de las
políticas públicas y la asignación presupuestal en favor de la niñez y como un
principio orientador cuando entran en conflicto los derechos del niño.
La falta de comprensión de este principio se expresa
extensamente en una distorsionada concepción cultural del niño como sujeto
limitado en sus derechos y en su dignidad de persona. No existe una adecuada
interiorización de este principio en la sociedad y el Estado, lo que se hace
evidente sobre todo en la debilidad de las políticas integrales dirigidas a la
atención de la niñez expuesta a alto riesgo por condiciones de pobreza, por
necesidades de acuerdo a grupos etáreos y por factores de violencia social e
intrafamiliar.
Los principales problemas que subsisten para la
aplicación del principio del interés superior del niño en el sistema de
administración de justicia están referidos a:
- La concepción de que el adolescente infractor procesado o
sancionado es un “adulto delincuente en pequeño”.
- La falta en el interior del país de juzgados y fiscalías especializados en el tratamiento de los problemas de la niñez y a la adolescencia.
- La falta de continuidad en los cargos especializados en atención
a la niñez así como la carencia de una permanente sensibilización y
capacitación de los agentes judiciales, policiales y fiscales para tratar
adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y/o
maltrato.
- Pese a ser una norma
constitucional la “no mención de la naturaleza de la filiación” de los niños y
adolescentes, ésta es violada por una norma administrativa del RENIEC (Registro
Nacional de Identidad), que establece que cuando se trate de hijos
extramatrimoniales, no se registrarán los apellidos paternos cuando existe sólo
la declaración de la madre al asentar las partidas de nacimiento, identificándose
al niño sólo con los apellidos maternos.
El Comité recomendó: Proteger a los niños
de los efectos de la violencia, el maltrato, el abuso sexual y la explotación,
incluyendo su rehabilitación en todos los ámbitos.
- Niños, niñas y adolescentes maltratados
En los últimos años
se ha incrementado el número de denuncias por maltrato a niños, niñas y
adolescentes. Las modalidades de maltrato más recurrentes son el maltrato
físico, psicológico, negligencia y abuso sexual. La cultura del maltrato está muy
extendida en la sociedad y está presente en los diversos estratos sociales.
Encuestas recientes realizadas por organismos no gubernamentales informan que
cerca del 50% de los niños y niñas declaran recibir golpizas diarias por parte
de sus padres.
No existe en el país
un registro único de denuncias sobre maltrato que permita dimensionar
adecuadamente la magnitud del problema. Las defensorías registran anualmente
alrededor de 100 mil denuncias, siendo el 32% sobre pensiones alimenticias y el
17% sobre maltrato físico.
Se estima que 8 de cada 10
casos de abuso sexual tienen como victimario a un miembro del entorno familiar
de la víctima y que 6 de cada 10 embarazos en niñas de
El maltrato a los
niños, niñas y adolescentes atraviesa todos los estratos sociales. Los factores
condicionantes o causales del maltrato infantil están referidos a factores de
estrés social y económico debido a los bajos ingresos y la falta de empleo, a
patrones tradicionales de crianza, concepciones de autoridad, de disciplina y
castigo, a la concepción del niño como objeto, al modelo de familia cerrada.
El maltrato infantil trasciende el ámbito familiar. Se
han recibido múltiples denuncias de maltrato en las escuelas que permiten
develar concepciones autoritarias y represivas en las diversas modalidades de
la relación profesor-alumno.
Si bien los
servicios de defensa se han expandido presentan limitaciones por sus escasos
recursos profesionales y económicos, y tienen un énfasis en el aspecto legal
primario. Las funciones preventivo-promocionales y la asistencia recuperativa
psicosocial son muy reducidas.
En los últimos años se cuenta con leyes que protegen
los derechos humanos de la niñez y de la mujer tales como
Sin embargo, no existe en el
Código Penal un abordaje integral del maltrato infantil y de sus diversas
modalidades (físico, psicológico, negligencia) que conlleve a una sanción
efectiva al agresor y se restituyan los derechos vulnerados de los niños, niñas
y adolescentes víctimas de violencia.
- Explotación
económica: trabajo infantil y adolescente
El trabajo infantil
y adolescente se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años. La
situación de extrema pobreza de un alto porcentaje de familias, así como la
disminución del empleo adulto y la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios reales, tanto como los patrones culturales, obligan a niños, niñas y
adolescentes a trabajar cada vez a más temprana edad y frecuentemente en
condiciones nocivas.
En el Perú estarían trabajando 1’987,165 personas
menores de 18 años, lo que representa el 28.6% de la población comprendida bajo
esa edad. El 61.4% serían niños y niñas entre 6 y 13 años, en tanto que 38.6%
tendrían entre 14 y 17 años. En cuanto a la zona geográfica, el 70% estaría en
la zona rural y el 30% restante en zonas urbanas (ENAHO 2001-IV).
La magnitud del
trabajo infantil y adolescente aún no ha sido realmente dimensionada. No se
cuenta con registros de inscripción distrital los que, de acuerdo al Código de
los Niños y Adolescentes, deberían tener a su cargo los municipios en
coordinación con el Ministerio de Trabajo y el Ente Rector a cargo del
Ministerio de
Las principales ocupaciones en las que se desempeñan
los niños, niñas y adolescentes que trabajan serían: 64.85% en actividades
agropecuarias; 11% en negocios familiares y venta en mercados; 6.15% en trabajo
doméstico; y 18.0% en otras actividades como tejedores, panaderos, ayudantes de
mecánica, ladrilleros, cobradores de transporte público, lavanderos,
limpiadores, peones de construcción, minería artesanal, recolección de
residuos, entre otras.
En el país existen 110,496 menores de edad que
trabajan en labores domésticas, de los cuales el 79% son mujeres. El 43% de
ellas no tiene acceso a servicios educativos (ENAHO 2001-ONG Flora Tristán).
Está ampliamente
documentado el trabajo que realizan cientos de niños y adolescentes en los
principales mercados de abastos de Lima y provincias, desempeñándose como cargadores
de bultos que sobrepasan su capacidad física. También está documentado el caso
de decenas de niños y adolescentes que se dedican a la extracción artesanal de
piedra para construcción (llamados “picapedreros” o “canteros”) en el distrito
de Carabayllo en Lima. Igualmente hay informes que registran alrededor de 1,000
niños que trabajan en la fabricación de ladrillos en Huachipa (Lima).
Otra actividad altamente nociva es la de los niños y
adolescentes que trabajan en los basurales de las zonas urbanas del país,
calculándose en 1,000 los niños que realizan esta actividad en los distritos de
Carabayllo, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho (departamento de
Lima), y unos 100 en El Milagro (Trujillo). Otro caso conocido públicamente es
el trabajo que realizan los aproximadamente 60 niños y niñas de
Informaciones
periodísticas dan cuenta de la existencia de trabajo infantil y adolescente en
actividades de cosecha de hoja de coca y procesamiento de cocaína, el mismo que
no está cuantificado.
La inmensa mayoría de niños, niñas y adolescentes que
trabajan pertenece a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Es un
fenómeno extendido a nivel nacional, por lo que no se puede indicar un origen
étnico específico, aunque algunos estudios focalizados en actividades
específicas muestran cierta correspondencia entre actividad y origen
étnico-cultural, como es el caso del trabajo doméstico en ciudades como Lima,
Cusco y Cajamarca, en el que una gran mayoría de niños, niñas y adolescentes
tendría un origen rural andino, muchas veces teniendo como lengua materna el
quechua o aymara.
Los efectos del
ingreso prematuro al trabajo por parte de niños y adolescentes abarcan problemas
de salud física y emocional e interferencias en su desarrollo educativo. En la
población entre 6 y 17 años que trabaja, la deserción escolar es de 46.7% y el
atraso escolar fluctúa de
El trabajo infantil
y adolescente se encuentra regulado principalmente por el Código de los Niños y
Adolescentes. Este incorpora la adecuación al Convenio 138 de
Se establece que las
instituciones encargadas de la protección del trabajo del adolescente son el
Ente Rector en forma coordinada con los sectores ministeriales de Trabajo,
Salud y Educación y los gobiernos regionales y municipales. La autorización
para el trabajo en relación de dependencia de los adolescentes está a cargo del
sector Trabajo, y para el trabajo independiente está a cargo de los municipios,
los que deberán confeccionar un registro. También se establece que los
adolescentes trabajadores serán sometidos periódicamente a examen médico, lo
cual se ve restringido porque los servicios de salud pública no cumplen con la
observancia de la gratuidad.
No se tiene
conocimiento de ninguna sanción aplicada por los inspectores del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social a empresa o persona alguna por incumplimiento de las
normas sobre condiciones de trabajo de adolescentes.
El Código establece
que la jornada de trabajo de los adolescente entre 12 y 14 años no excederá de
4 horas diarias ni de 24 semanales, y entre los 15 y 17 años no excederá de 6
horas ni de 36 horas semanales. Sin embargo, en casi todas las actividades
sobre las que se da cuenta en diferentes estudios e investigaciones, el
promedio de horas de trabajo para esas edades sobrepasa largamente estos
límites.
Para el trabajo
doméstico de adolescentes se establece como medida de protección un descanso de
12 horas continuas. Esta regulación da lugar a la interpretación de que el
adolescente podría trabajar 12 horas continuas sin que sea ilegal. Del sector
de trabajo doméstico no se tiene información debido a que en las encuestas los
declarantes esconden dicha información. Las condiciones del trabajo doméstico
de niños y niñas se pueden suponer a través de las denuncias de maltrato o
abuso sexual que se denuncian en diversas instancias de defensa.
El derecho de los adolescentes a trabajar está
condicionado a la restricciones que impone el Código y siempre que no exista
explotación económica y la actividad laboral no comporte riesgo o peligro,
afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico o mental, espiritual, moral o social.
La remuneración que debe percibir el adolescente
trabajador no será inferior a la de los trabajadores de su misma categoría para
trabajos similares. No se podrá pactar el pago por obra, por pieza, a destajo o
por cualquier otra modalidad de rendimiento.
Conforme a nuestra
norma constitucional todos los trabajadores tienen igualdad de derechos y por
lo tanto derecho a las prestaciones de salud y pensiones; pero el Código de los
Niños y Adolescentes, al establecer que los adolescentes trabajadores tienen
derecho solo a las prestaciones de salud, coloca a esta población en un estado
de discriminación y no les permite que puedan acceder al plan de pensiones de
jubilación del Estado.
Se encuentra
prohibido el trabajo de adolescentes en horario nocturno, entre 19:00 y 7:00
horas, pudiendo ser autorizado por un Juez siempre y cuando la jornada nocturna
no exceda de 4 horas. La aplicación y cumplimiento de esta disposición tampoco
es objeto de supervisión; por el contrario, son miles las niñas, niños y
adolescentes, muchas veces de muy corta edad, que trabajan en horario nocturno
en la venta ambulatoria, en mercados de abastos, terminales pesqueros,
panificadoras y otras actividades.
Igualmente se
establece la prohibición del trabajo en el subsuelo, de las labores en que se
manipule pesos excesivos y las actividades en la que su seguridad o la de otras
personas esté sujeta a la responsabilidad del adolescente.
El artículo 58 del
Código de los Niños y Adolescentes establece que el Ente Rector, en
coordinación y consulta con el sector Trabajo y los gremios de empleadores y
trabajadores, debe establecer periódicamente “una relación de trabajos y
actividades peligrosas o nocivas para su salud física o moral, en las que no
podrá ocuparse a adolescentes”. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho
pública de manera oficial ninguna relación, pese a que es de conocimiento
público la existencia de las actividades peligrosas mencionadas en párrafos
anteriores como el trabajo en lavaderos de oro, en basurales y recolección de
desperdicios, en la fabricación artesanal de ladrillos, etc., lo cual nos
indica que nuestra legislación no se ha adecuado al Convenio 182 de
- Explotación Sexual
Infantil
Un tema preocupante es el de la expansión
de la explotación sexual comercial infantil y adolescente, especialmente en
zonas de afluencia del turismo, como las ciudades de Iquitos, Cusco y Lima;
zonas mineras artesanales como
El Comité recomendó: Garantizar la
inscripción de los nacimientos de todos los niños y niñas.
Se calcula que el
15% de niños y niñas no se encuentran inscritos en los registros de identidad,
particularmente en las áreas rurales de la sierra y la selva, debido a la falta
de información de los padres sobre la inscripción de sus hijos al nacer y por
lo oneroso de los costos de inscripción extemporánea.
Aún se vienen
observando problemas en la inscripción de niños a partir de una Resolución
Jefatural expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) que establece para los casos de hijos extramatrimoniales, que si la
inscripción es solicitada por uno solo de los padres, se considerará únicamente
los dos apellidos del padre o de la madre solicitante. Consideramos que dicha
resolución atenta contra el principio de no discriminación y contra el derecho
a la identidad.
Para lograr la
inscripción de los niños y niñas indocumentados se vienen desarrollando
campañas nacionales de información a la población, realizadas por el Ministerio
de
Como parte de
la campaña de identificación de niños y niñas, se viene promoviendo la
distribución del Documento Nacional de Identidad (DNI) para menores de edad,
medida impulsada por el RENIEC desde el 21 de mayo del 2003 según Resolución
Jefatural 185-2003. El trámite para la obtención del DNI contribuye a la
identificación del niño y asegura su inscripción en el registro civil de
nacimientos, así se previene el tráfico de niños y se facilita su ubicación en
casos de pérdida. La utilización jurídica plena del DNI de menores de edad se
conseguirá con la coordinación entre los diferente sectores del estado a fin de
que los niños puedan acceder a los servicios públicos con la sola presentación
del DNI.
El Comité recomendó: Promover la
participación de los niños, la expresión de sus opiniones y su derecho de
asociación.
Existe en la
actualidad un programa en las escuelas denominado Municipios Escolares. Este
programa tiene como objetivo promover la participación de los estudiantes en
aspectos relacionados con sus aspiraciones personales, escolares, comunales o
barriales. Sin embargo, para que sea real el ejercicio de la participación de
los alumnos, consideramos que deben tener voz y voto en todo el gobierno de la
escuela, así como la participación permanente en todo el proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que el Municipio Escolar, tal como está establecido, no permite
promover de manera plena el derecho a la participación.
Las instancias públicas de decisión política
se limitan a escuchar de manera formal a los niños, niñas y adolescentes pero
muy pocas veces toman en cuenta sus opiniones y propuestas en los planes
locales, regionales y nacional.
Existen diversos esfuerzos desde los
organismos no gubernamentales e instancias mixtas como
En cuanto a la relación familia-escuela, se ha
avanzado en la incorporación en el currículo de educación inicial y primaria el
tema de los derechos del niño con un proceso inicial de participación de los
padres.
El Comité recomendó: Desarrollar medidas
sustitutivas a la tutela institucional de los niños y niñas promoviendo su
derecho a tener una familia.
Si bien en el período 1993-2002 fueron adoptados 2,272
niños y niñas en el marco de
Cerca del 8% de los hogares en todo el país tiene entre
sus miembros al menos un menor de 15 años en calidad de adoptado; es decir, a
niños que no viven con sus padres biológicos, aún cuando estén vivos. Esta
proporción es mayor en el área rural (9%) que en el área urbana (7%).
Con respecto a la situación de los albergues que deberían
cobijar a niños, niñas y adolescentes en estado de abandono y desprotección,
algunos no se encuentran en buenas condiciones, otros ya han cubierto
totalmente su capacidad, lo cual determina que muchos niños, niñas y
adolescentes en estado de abandono deambulen por calles y plazas, sometidos a
una permanente violación de sus derechos, incluso los más elementales. Casi no
existen albergues especializados en niñas, niños y adolescentes con
discapacidad. Existe la necesidad de una norma que regule el funcionamiento de
estos albergues y de una instancia estatal capaz de hacer el seguimiento
respectivo con la participación de la ciudadanía.
No se sabe con exactitud el número de niños, niñas y
adolescentes institucionalizados; se estima en 3,982 niñas, niños y
adolescentes a nivel nacional en los Centros del INABIF y de
El Comité recomendó: Garantizar el acceso
a servicios básicos de salud para todos los niños y niñas.
La mortalidad
infantil en menores de un año se mantiene en una tasa de 33 niños fallecidos
por cada mil nacidos vivos a nivel nacional, lo que significa que anualmente
mueren 20 mil niños y niñas antes de cumplir el primer año de vida.
Sin embargo, los promedios
esconden las diferencias entre las diversas zonas del país. Las tasas más altas
de mortalidad infantil se presentan en los departamentos de Cusco, Apurímac, Huancavelica y Huánuco, con 80
niños fallecidos por cada mil nacidos vivos. Otros departamentos con altas tasas de mortalidad infantil son Cajamarca,
Amazonas, Loreto, San Martín, Ancash, Pasco, Ucayali, Junín, Ayacucho y Puno.
La mortalidad en
menores de 5 años es de 47 por mil nacidos vivos para el año 2000 (ENDES 2000).
Las principales
causas de la mortalidad infantil están relacionadas a los siguientes factores:
- Las malas
condiciones de atención durante el parto o perinatales. El 50% de los niños
nacieron en su casa o fuera de un servicio de salud.
- El déficit de
atención prenatal. Aun cuando la atención prenatal se ha incrementado en un 4%
entre 1991 y 1996, el 33% de los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años no
contaron con asistencia de profesionales de salud en la fase prenatal. Los
departamentos con menor atención son Loreto, Cajamarca, Amazonas, Huánuco,
Pasco y Huancavelica. En todos ellos más del 50% de los nacimientos no contaron
con cuidado prenatal.
- Las
infecciones respiratorias agudas (IRA), que afectan al 30% de la población
infantil.
- El riesgo
reproductivo evitable, debido a condiciones de alto riesgo asociadas a la edad
de la madre, por intervalos intergenésicos menores de 24 meses.
- La enfermedad diarreica aguda (EDA) asociada a la desnutrición de los niños y niñas. Se presenta con mayor incidencia en áreas rurales y está asociada a la baja cobertura de servicios de agua potable y de eliminación de excretas, así como a los hábitos alimenticios y sanitarios de la población.
La problemática nutricional de nuestro país
se expresa prioritariamente en las carencias de nutrientes específicos como
hierro y vitamina A, en la desnutrición de los niños menores de 5 años, con
énfasis en los primeros dos años de vida.
Las causas del problema
nutricional en el país son diversas y complejas; el problema más importante es
evidentemente la pobreza, que determina el déficit de ingesta y la falta de
atención a las enfermedades que afectan a los sectores más deprimidos. Esto
pone en evidencia la inequidad que persiste en nuestro país.
La anemia se debe principlamente a la
falta de hierro en la dieta y afecta a:
-
64.5% de niños de
- 54.6% de las embarazadas.
-
30% de mujeres en edad fértil, no
embarazadas de estrato bajo.
-
34% de mujeres en edad fértil, no embarazadas
de áreas urbanas.
-
40.5% de mujeres en edad fértil, no
embarazadas de áreas rurales
La deficiencia de hierro es un importante problema de
salud pública que afecta el bienestar y la salud de la población, pues
interfiere en el desarrollo adecuado, disminuye la productividad, aumenta
significativamente el gasto en salud y por tanto representa un serio obstáculo
para el desarrollo nacional.
Hay evidencias de que la carencia de hierro es la
causa más importante de anemia nutricional y constituye el problema de
micronutrientes de mayor prevalencia en el Perú. Esto se debe no solo al insuficiente
contenido de hierro en la alimentación por el reducido consumo de carnes, sino
también a la menor biodisponibilidad de hierro dietético que se logra sustituyendo
con proteína de origen vegetal, como en el caso de carnes por leguminosas, y al
incremento de las necesidades y a las pérdidas ocasionadas por infecciones
parasitarias debidas a carencia de servicios de saneamiento.
Los grupos más vulnerables a la anemia son
los niños menores de 5 años y las gestantes; aunque en menor grado, también son
afectados los niños en edad escolar y las mujeres en edad fértil. La alta
proporción de gestantes anémicas está asociada a la fecundidad elevada y a la
falta de programas adecuados de control prenatal integral.
Según diversas investigaciones la anemia es y ha sido
un problema severo en el Perú que habría empeorado con el transcurso del
tiempo. Los bajos ingresos obligan a las familias a realizar adecuaciones en el
consumo de alimentos las cuales impactan en el aporte nutricional de dieta.
El 25% de los niños
menores de 5 años presentan déficit de talla para la edad, índice considerado
como secuela de la existencia de un déficit marginal y crónico de nutrientes
y/o de cuadros de desnutrición aguda previos, que afectan el crecimiento del
niño y limitan sus capacidades intelectuales (ENDES 2000).
Las causas de
malnutrición por déficit en nuestro país son complejas, el problema estructural
subyacente es evidentemente la pobreza, que en los sectores más deprimidos
determina el déficit de ingesta de alimentos y el incremento de la demanda de
nutrientes no satisfecha por enfermedades mal atendidas.
Igualmente hay
evidencia de que las prácticas inadecuadas de alimentación infantil, como el
abandono de la lactancia materna exclusiva, la introducción de leches de
fórmula y de inadecuadas dietas en el lactante, la alimentación inapropiada durante
la diarrea o la enfermedad respiratoria y la composición dietética deficitaria
para las familias en extrema pobreza, son factores importantes en la cadena que
lleva a la desnutrición. Los dos últimos factores están asociados al limitado
acceso a servicios de agua potable y la eliminación de excretas.
La desnutrición crónica (DNC) se manifiesta en una
talla baja resultado de un proceso de adaptación, que se da a través de la
reducción de la velocidad de crecimiento y la disminución de la actividad física,
a fin de reducir también las necesidades nutricionales. Se evalúa mediante el
indicador de talla para la edad (T/E) y refleja los antecedentes nutricionales
y de salud de las poblaciones estudiadas.
La alta proporción de niños afectados por DNC se relaciona
con el descenso de la mortalidad infantil de
A fines de la década pasada
se redujo el porcentaje de niños afectados por DNC, lo que podría explicarse
parcialmente por el papel cumplido por las mujeres peruanas, que con mayores
niveles de educación, organización y participación social han asumido un rol
protagónico, decisivo y activo en el cuidado de la salud y nutrición de su
familia y su comunidad.
Pese a la reducción del
porcentaje de niños afectados por DNC las cifras continúan siendo altas. Es
necesario destacar que entre ENDES 1996 y ENDES 2000 no se evidencia mejora. El
mayor nivel de DNC se presenta en el área rural; la sierra y selva son también
las regiones más afectadas.
De otro lado, es necesario
destacar que, si bien el porcentaje de DNC en Lima Metropolitana es 10.1%, esta
ciudad concentra el mayor número de desnutridos crónicos en términos absolutos.
Esto determina que varios distritos de Lima se ubiquen entre los 30 distritos
priorizados por la “Estrategia Focalizada de Lucha contra
Según el censo efectuado en 1993 por el Ministerio de
Educación, el 48% de los niños matriculados en primer grado estaban afectados
por desnutrición crónica. El departamento más afectado es Huancavelica con 72%
y el menos afectado Tacna, con 18%.
A nivel nacional, los niños peruanos ingresan a la
escuela midiendo
-
Incremento del VIH/SIDA en niños y niñas
Un problema preocupante es el vertiginoso incremento
del VIH/SIDA en niñas y niños. Según estimaciones del Ministerio de Salud, para
el año 2003 existían 76,633 personas viviendo con el virus del VIH/SIDA; de
éstas los más vulnerables son las niñas y los niños que en su gran mayoría se
infectaron por transmisión vertical a través de sus madres. Para el 2001, el
número estimado de huérfanos por VIH/SIDA era de 17,000. Por lo general estos
niños son discriminados en su comunidad o escuela, lo que pone en riesgo además
su derecho a la educación.
El número de mujeres infectadas con el VIH/SIDA se
incrementa cada día. En 1987 sólo 4% de las personas infectadas eran mujeres,
cifra que en el 2003 se incrementa a 20%, con el consecuente aumento de la
transmisión vertical. Para el año 2003 el Ministerio de Salud tenía registradas
sólo 1,974 gestantes seropositivas. Este evidente subregistro se debe al
estigma que existe sobre el tema, al temor a hacerse alguna prueba que permita
detectar la infección y a la baja cobertura de control prenatal (CPN).
Otro tema es el limitado acceso a los
antirretrovirales. Sólo 8% de las gestantes seropositivas accedieron a una
terapia antirretroviral imprescindible para prevenir la transmisión vertical
del virus del VIH/SIDA de madre a hijo. Los Estados Unidos y los países de
El Comité recomendó: Fortalecer las políticas
educativas a fin de mejorar el sistema ofertado
y los programas que desarrolla.
El Presupuesto Nacional del año 2005 no prevé un
aumento real para el sector Educación. Deducido el costo de los aumentos
salariales dados en el 2004 y la contrapartida nacional para la ejecución del
proyecto MECEP-BID, el sector Educación tendrá que manejarse con los mismos
recursos que tuvo en el año 2004, lo que pone en cuestión la posibilidad de
mejorar la calidad de la educación.
En año 2001
Los estudios realizados anteriormente en el Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de
Los organizadores de la prueba señalan que hay
condiciones en el entorno que influyen en la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes, tales como el entorno socioeconómico familiar desfavorable por la
pobreza; el género, ya que las mujeres obtienen mejores resultados en lectura
que los varones y éstos las superan en matemáticas; así como tener madres con
secundaria completa, etc.
Existen brechas regionales en la
cobertura educativa. La población en edad escolar de
En la actualidad la cobertura educativa de
La cobertura en el nivel primario asciende al 95%; sin
embargo 224,836 niños en edad escolar no se encuentran matriculados en ningún
centro o programa educativo del sistema. En la mayoría de los departamentos del
interior del país la inasistencia fluctúa entre 27% y 31% como en los casos de
Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, Junín, Piura, Pasco, Cusco y Apurímac.
En la educación secundaria la población era de 2’831,978 en el año 2002 (68% urbano, 32% rural). La cobertura en el ámbito urbano es de 98%, mientras que en el ámbito rural es de 44.7%. Aproximadamente 225 mil estudiantes del nivel secundario, mayoritariamente del área urbana, desaprobaron el grado que cursaron en el año 2001, mientras que 128 mil abandonaron los estudios.
La
cobertura educativa en las áreas rurales asciende a 2’208,000 alumnos,
equivalente al 34% de la población total de estudiantes, de los cuales el 44%
están en el nivel de educación primaria de menores y el 44.7% en educación
secundaria. Existe la diferencia de género en perjuicio de la mujer: 83.2% son
varones y 72% son mujeres.
La educación rural
se da mediante las modalidades de escuela unidocente, en la que un profesor
atiende a diversos grados y es director de la misma. La polidocente es atendida
por dos o más profesores. En la escuela rural, 9 de cada 10 escuelas son
multigrado. Estas modalidades no han logrado brindar una educación de calidad a
los estudiantes ya que sólo atienden en muchos casos hasta el cuarto grado de
primaria, no permitiendo la culminación de los estudios de primaria. Las
escuelas están aisladas, así como los docentes, son escuelas lejanas que no
permiten elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes de esas
modalidades.
Esta situación se muestra
en la aprobación, desaprobación y retiro de los niños, niñas y adolescentes de
las zonas rurales. Según el Censo
Escolar del 2001 sólo aprueban el grado escolar el 77%, el 11% se retira del
centro educativo. En total, un fracaso escolar del 23%. Mientras que en el área
urbana se retira de la escuela el 4.6% de estudiantes, en el área rural se
retira el 11.5%.
Un problema que demanda urgente atención es el de la
educación de la niña rural. Hay aproximadamente un millón 760 mil niñas y
adolescentes mujeres que viven en el campo y sus posibilidades de acceder a la
escuela, permanecer en ella y culminar satisfactoriamente sus estudios son
limitadas, lo que constituye una clamorosa muestra de inequidad.
Se ha observado que de
Un factor que junto con la
extraedad contribuye a que las niñas abandonen los estudios es el inicio de la
pubertad. Ocho de cada diez niñas rurales de tercero de primaria tiene una edad
mayor que la adecuada. En esas circunstancias es muy frecuente que la menarquia
les llegue cuando aún no han pasado de la mitad de su educación básica.
El Comité recomendó: Culminar la reforma
legislativa que permita elevar la edad mínima que autoriza el trabajo a los 14
años y considerar la ratificación de los convenios de
El Perú ratificó
los diez Convenios de
Asimismo el
Congreso aprobó el Convenio 182, sobre las peores formas de trabajo infantil en
noviembre de 2001, y fue ratificado el 10 de enero de 2002.
El artículo 51
del Código del Niño y Adolescente, referente a la edad mínima para el ingreso
al trabajo y las edades requeridas para trabajar en determinadas actividades,
fue modificado por
El mencionado
Plan contempla entre sus resultados y metas esperados al 2010, la erradicación
de las peores formas de trabajo infantil, la reducción en un 50% del trabajo
infantil, la disminución al menos del 50% del número de
adolescentes trabajadores por debajo de la edad mínima requerida para el
trabajo, el registro e inscripción del 100% de adolescentes trabajadores en
programas especiales orientados a su promoción integral, mecanismos para
retener en el sistema educativo a los adolescentes que trabajan y reducir su
deserción escolar, entre otros.
El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad (instancia
oficial de concertación entre Estado, grupos políticos y sociedad civil), en su
14º Política de Estado referida al acceso al empleo pleno, digno y productivo,
establece que al año 2011 el Estado erradicará las peores formas de trabajo
infantil y protegerá a los niños y adolescentes de cualquier forma de trabajo
peligroso en cumplimiento del PNAIA. Asimismo, en su 16º Política de Estado,
referida al fortalecimiento de la familia, la promoción y la protección de la
niñez, la adolescencia y la juventud establece que el Estado prevendrá todas
las formas de explotación contra niños, niñas y adolescentes, promoviendo su
erradicación.
El
Código de los Niños y Adolescentes no incluye una prohibición explícita de las
peores formas de trabajo infantil y, en general, no se ha adecuado al Convenio
182 de
El
Ministerio de
La lista incluye diversas actividades en las que se
encuentran trabajando niños, niñas y adolescentes y que son peligrosas por su
naturaleza y por las condiciones en que se realizan. Entre ellas, figuran: el
trabajo en minería de oro, canteras, pesca industrial y artesanal, generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, fundiciones, camales,
establecimientos de venta y consumo de alcohol, centros nocturnos, recolección
y selección de basura; así como trabajos en que se utilice maquinaria y
herramientas especializadas, o haya posibilidad de contacto con productos
tóxicos, inflamables, agroquímicos y otros; en horarios nocturnos, bajo el
agua, en alturas, con exposición a ruidos continuos e intermitentes, con
exposición a radiaciones, en ambientes nocivos, en los que la seguridad propia
y de otros depende del adolescente, en espacios cerrados y estrechos, en
ambientes con temperaturas extremas, el levantamiento o traslado manual de
cargas pesadas. Asimismo, trabajos peligrosos por sus condiciones como las
jornadas extensas, con ausencia de medidas de seguridad e higiene, y que
impidan la asistencia a la escuela.
El Comité recomendó: Garantizar que la
medida de privación de la libertad se utilice como un último recurso frente a
infracciones cometidas por adolescentes;
y mejorar las condiciones de vida de aquellos niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en centros de detención.
La violencia juvenil ha adquirido en los últimos tiempos
dimensiones cada vez mayores, haciéndose visibles a través de la participación
de adolescentes en las llamadas pandillas de barrio, pandillas escolares y
barras bravas. Según
En encuestas
realizadas entre jóvenes de ambos sexos, provenientes de los diversos barrios
de Lima, el 99% señalaba como el principal problema de los jóvenes la falta de
oportunidades para acceder al estudio y al trabajo. Testimonios recogidos entre
jóvenes involucrados en actos de violencia y actos antisociales dan cuenta del
impacto sufrido como consecuencia de la desintegración y violencia familiar y
la ausencia paterna como modelo a admirar y emular.
RECOMENDACIONES
FORMULADAS POR EL GIN
1. MEJORAMIENTO DE
La política
económica debe orientarse no sólo a mantener el equilibrio macroeconómico, sino
principalmente a mejorar la calidad de vida de la población en general y en
especial de los niños, niñas y adolescentes. La promoción del empleo y el
ingreso adulto; condiciones adecuadas de vivienda, así como la ampliación de
los servicios básicos, permitirían un entorno familiar favorable para el
desarrollo de los niños.
En este sentido
el Estado debe aplicar políticas redistributivas del ingreso ante la
concentración del mismo en los estratos socioeconómicos más altos. Del mismo
modo, asumiendo su rol promotor y de subsidiariedad, el Estado debe incrementar
significativamente la inversión en el sector de la niñez como condición
estratégica para el desarrollo humano y el desarrollo de capacidades.
En especial debería
incrementarse significativamente la inversión para la atención en salud, nutrición y educación de
calidad, con énfasis en los menores de 5 años y en las niñas y niños de las
zonas rurales de la costa, sierra y selva.
2. PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Asegurar la vigencia
de
Impedir que se
intente rebajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, propuesta que ha
sido introducida en el Anteproyecto de
Debe modificarse el Código de los Niños y
Adolescentes suprimiendo el Título sobre “pandillaje pernicioso” que eleva a 6
años la privación de la libertad a los adolescentes que incurran en esta
infracción penal. Asimismo deben culminarse las modificaciones propuestas al
Código sobre la adecuación de los Convenios de
Garantizar la
aplicación irrestricta de los derechos y las medidas de protección para los
niños y adolescentes expuestos a situaciones de riesgo, como son los niños y
adolescentes trabajadores, los niños de la calle, los niños afectados por la
violencia política e intrafamiliar, los niños con alguna discapacidad, los
adolescentes infractores.
3.
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR
Garantizar el cumplimiento de las metas
del Plan Nacional de Acción por
Cumplimiento de la meta del Acuerdo
Nacional de Gobernabilidad de destinar el 6% del PBI al desarrollo de los
servicios educativos.
4. INSTITUCIONALIDAD
CON PARTICIPACIÓN DE
Institucionalizar espacios de concertación y decisión entre el
Estado y la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas para la niñez
y la adolescencia, así como el acceso a información para el monitoreo y
evaluación. Debería retomarse la propuesta de un Directorio del Ente Rector de
Atención Integral de
Constituir los Entes
Rectores locales y regionales de Protección y Atención a
5. PROMOVER LOS DERECHOS CIVILES DE LOS
NIÑOS
Promover la
participación y opinión de los niños, niñas y adolescentes, desde sus propias culturas y experiencias
organizativas, en su comunidad y escuela. Tomar en cuenta la opinión de los
niños en todas las decisiones que les afectan.
Promover una cultura de buen trato para la
erradicación del maltrato infantil y adolescente en todos los ámbitos de la
sociedad. Expandir y mejorar los Sistemas de Protección, como las Fiscalías y
Juzgados de Familia y las Defensorías del Niño y el Adolescente, asignando
mayores recursos presupuestales,
promoviendo la calificación del personal y profesionales, así como
asegurando la estabilidad y continuidad
del personal especializado en los cargos.
Respeto a la identidad del Niño, demandamos la
derogatoria de los artículos 392 del Código
Civil y 37 de
Reforzamiento
alimentario y reducción de la desnutrición crónica de
los niños y niñas menores de 5 años a través de programas de control de la
salud infantil, de cuidado infantil diurno, de educación inicial y de las
organizaciones de mujeres. Promover la lactancia materna hasta los 2 años de
edad, y de manera exclusiva hasta los 6 meses; así como la aplicación y
cumplimiento irrestricto del Reglamento de Alimentación Infantil y del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
Cumplimiento de los derechos laborales
referidos a la promoción y protección de la lactancia materna y promulgación de
una norma referida a las guarderías infantiles en los centros de trabajo.
Fortalecimiento y
expansión del Servicio Integral de Salud dirigido a la población
en situación de pobreza y extrema pobreza de áreas urbanas y rurales, con
especial énfasis en la atención a todos los niños, niñas y adolescentes.
Promover el cuidado
de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en la familia, la
escuela y la comunidad, estimulando el buen trato, la comunicación, valorando
los avances y apoyando la superación de dificultades, respetando su cultura,
sus características personales, sus espacios de juego y potenciando sus
capacidades y habilidades.
Implementar el Plan
Nacional de Salud Mental atendiendo las demandas actuales de los niños, niñas y
adolescentes frente a la violencia intrafamiliar y social y fortaleciendo y
expandiendo los Módulos de Atención al Maltrato Infantil en el sector salud
(MAMIS), la creación de programas psico-sociales en las Defensorías del Niño y
el Adolescente y en el Sistema Judicial de Familia.
7. UNA EDUCACION DE CALIDAD, QUE PROMUEVA EL RESPETO A
Ampliar la
cobertura, en especial de los niveles inicial y secundario, y en áreas rurales.
Mejorar la calidad
de la educación, adecuándola a la diversidad geográfica y cultural y destinando
una mayor inversión, cumpliendo con lo concertado en el Acuerdo Nacional de
Gobernabilidad de incrementar hasta el 6% del PBI el monto destinado al sector
Educación.
Promover el ingreso de los niños y niñas a la escuela de
acuerdo a la edad normativa.
Ampliar las horas de
estudio anual por lo menos a 1,200 horas. Asegurar que los y las estudiantes
concluyan, como mínimo, 11 años de estudio.
Desarrollar una
política educativa acorde con la diversidad etnolingüística, la
interculturalidad y la expansión de las capacidades y competencias presentes en
la cultura local para el manejo sostenible de los ecosistemas y la amplia
biodiversidad existente en el país, como contribución estratégica del Estado
para la articulación eficiente en el mundo globalizado.
Ampliar las
oportunidades de acceso de los y las adolescentes a centros de estudios
superiores o de formación intermedia que les permitan mayores posibilidades de
acceso al mercado de trabajo.
Mejorar significativamente las condiciones
laborales y salariales de los docentes.
8. MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN Y
ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPUESTOS A SITUACIÓN DE RIESGO.
Aprobar y poner en
ejecución el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y
Desarrollar
políticas de prevención y protección a los niños de la calle,
promoviendo su reinserción social, escolar y familiar.
Ampliar los
servicios especializados de atención del maltrato infantil y el abuso sexual, así como mejorar la
calidad de los servicios de
Perú, 30 de mayo de 2005
Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño
GIN-PERU
Av. Alberto del Campo 438, Oficina
603, Lima 17 – Perú. Telefax (511) 2640865. E-mail: gin@terra.com.pe